Paseo Caribe y el capital social

La reciente controversia sobre Paseo Caribe saca a la luz del día el tema del capital social. En un lado del conflicto están los que insisten en que el proyecto obtuvo los terrenos y los permisos de desarrollo de forma fraudulenta, en violación de leyes y reglamentos vigentes. Piensan, por lo tanto, que hay que detener el proyecto y que se deben demoler aquellas estructuras construidas fuera de norma. Los defensores de los desarrolladores, en cambio, insisten en que los permisos fueron concedidos a los desarrollistas por las entidades correspondientes, por lo que el Estado no puede ahora derogarlos. Hacerlo equivaldría a violar sus derechos ciudadanos y causarles pérdidas agravadas a los inversores y financieros que han actuado de buena fe.

Los desarrollistas y sus aliados mediáticos y políticos proponen que cuando el Estado no respeta sus propias acciones (como sería el caso de cancelar permisos ya otorgados), el efecto es negativo para la confianza y la estabilidad social; es decir, el clima de inversión. En otras palabras, es malo para el capital social y quien sufre es el desarrollo económico y el bienestar general. Esto es así aunque la derogación de permisos no sea arbitraria y se base en políticas públicas razonables. El argumento es simple y contundente, una vez se otorgan los permisos, éstos no se deben derogar. El principio del pase de paloma, se argumenta, tiene fundamentos válidos.

Estos argumentos, de acuerdo a la literatura global sobre el tema de capital social, son falaces, porque el mayor daño a la confianza, la estabilidad social y el clima industrial proviene precisamente de la práctica gubernamental de violar sus propias normas, de abusar de sus prerrogativas de excepción, particularmente cuando media algún tipo de irregularidad (corrupción). No hay situación más nociva para el capital social que la práctica de rebasar las normas del Estado mediante el uso de influencias políticas o transacciones “por debajo de la mesa”. Es peor aún cuando esas prácticas de excepción son inmunes a la interpelación ciudadana y judicial.

El conflicto sobre Paseo Caribe, por lo tanto, no es realmente entre sectores con opiniones divergentes sobre los méritos o deméritos del proyecto. Más bien gira en torno a su legalidad. La política que adopte el Estado tiene que partir de la determinación simple de si hubo o no violaciones de ley, o de normas y reglamentos. Si no las hubo y se trata tan solo de una reconsideración de política pública, el Estado tiene que validar sus acciones previas, aunque ahora las considere equivocadas, y proteger la integridad del proyecto. En cambio, si se determina que hubo violaciones, sean estas fraudulentas o el resultado de negligencias o incompetencias por parte de funcionarios, la aplicación de medidas correctivas, incluyendo la posibilidad de ordenar demoliciones, es un imperativo bajo los principios del capital social. No hay criterio más central para la confianza pública, ese pegamento que llamamos capital social, que la aplicación incondicional de las reglas del juego. La prosperidad y la vida democrática se fundamentan en la fiabilidad de las normas de convivencia, potenciadas por el Estado, la interpelación ciudadana y una jurisprudencia funcional. Lo contrario causa desprestigio, desconfianza, cinismo y corrupción de espíritu.